# ¿Qué debería incluir un Manual Argentino de Defensa 2030?

**Autoras:** Jazmín Pouchulú (https://alquimiarevista.com/autoras/jazmin-pouchulu), Catalina Raczkowski (https://alquimiarevista.com/autoras/catalina-raczkowski)  
**Sección:** Ensayos  
**Fecha de publicación:** 2026-10-21  
**URL:** https://alquimiarevista.com/manual-argentino-de-defensa-2030

*Si la seguridad es la razón de ser del Estado, invertir en defensa es una precondición del contrato social. De Hobbes a la polarización afectiva, y de un presupuesto que apenas llega al 0,56 % del PBI a los cables submarinos y la disputa por la atención, Jazmín Pouchulú y Catalina Raczkowski se preguntan qué debería defender hoy la Argentina y con qué capacidades.*
## Introducción

La historia de la humanidad es, en gran medida, la historia de la guerra. Personas, grupos, principados, reinos y Estados han estado atravesados por el conflicto, y a lo largo de los siglos distintos autores se preguntaron por su naturaleza: ¿es inherente a la condición humana o es propio de las organizaciones territoriales? Desde una perspectiva realista de las relaciones internacionales, el conflicto entre Estados es una posibilidad permanente, y por eso estos desarrollan capacidades para usar la fuerza como forma de influencia. Si esto es así, lo que queda por resolver es **quién se encarga de la protección y con qué recursos.**

En busca de respuestas, podemos siempre volver a leer _El Leviatán_ (1651), donde Thomas Hobbes responde que _el Estado nace de un estado de naturaleza marcado por la inseguridad y la “guerra de todos contra todos”_. Los individuos ceden parte de su libertad a un soberano a cambio de protección, y ese poder concentra el uso de la fuerza. La seguridad es, así, la razón de ser del Estado, y la defensa es el medio para sostenerla: el desafío permanente del soberano es garantizar la seguridad de los ciudadanos y defender el orden jurídico y social de amenazas externas e internas. Un Estado que no puede cumplir esa función, o que la delega por omisión, incumple el pacto que le da origen y sentido.

El Estado es, entonces, un actor central: el único capaz de reunir soberanía, control del territorio y control de la población. Trasladado al presente, el razonamiento se mantiene: **invertir en defensa es, lógicamente, una precondición para que el resto del contrato social siga funcionando.**

Ahora bien, en las democracias contemporáneas ese razonamiento general no se traduce de manera automática en políticas. La defensa compite con demandas más urgentes y visibles: educación, salud, economía. Y sus beneficios son difíciles de percibir (cuando funciona, no pasa nada) y sus resultados maduran en plazos mucho más largos que los de un mandato. **Un Estado puede reconocer en abstracto la necesidad de protegerse y, aun así, no lograr sostener en el tiempo las capacidades para hacerlo.** Que eso ocurra, y cómo, depende de factores políticos, históricos e institucionales propios de cada país. Analicemos, entonces, el caso de nuestro querido país: Argentina, donde la tensión aparece con particular claridad. Anticipamos, desde ya, que se atisban varios problemas.

## ¿Por qué cuesta sostener una política de defensa?

Entre 1930 y 1976 el país atravesó seis golpes de Estado, y la última dictadura dejó una desconfianza profunda hacia lo militar. El consenso democrático se construyó, con razón, sobre la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil, y ese mismo legado ayuda a entender por qué la defensa rara vez figura entre los ejes de una propuesta electoral.

Sin embargo, la historia no alcanza para explicar por qué incluso las políticas que lograron acuerdo tienen dificultades para sostenerse en el tiempo. Para pensar esa segunda dificultad resulta útil el concepto de polarización afectiva. Mariano Torcal (2023) la define a partir de los sentimientos que generan los partidos, sus líderes y sus votantes, y distingue dos componentes: la afinidad hacia el propio grupo y la hostilidad hacia los adversarios. Siguiendo a Achen y Bartels, señala además que los ciudadanos tienden a adoptar las posiciones del partido con el que se identifican. Si esto es así, una política puede dejar de evaluarse por sus resultados y empezar a evaluarse por quién la impulsó, lo que dificulta su continuidad cuando cambia el signo político.

A esto se suman los incentivos electorales. Los tiempos de la competencia política favorecen decisiones con rédito visible dentro de un mandato, mientras que las inversiones en defensa maduran en plazos mucho más largos. Un sistema de radares, una flota o una capacidad de ciberdefensa se planifican en décadas, y sus beneficios rara vez son visibles para el gobierno que asume el costo.

Sobre el aspecto legal, la defensa tiene en Argentina un diseño democrático explícito. La [Ley 23.554](https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/20000-24999/20988/texact.htm) la define como la _acción coordinada de todas las fuerzas de la Nación para enfrentar agresiones de origen externo, con un criterio defensivo, autónomo y cooperativo, y bajo control civil._ Una defensa robusta no se opone a la legitimidad democrática y puede ser una de sus expresiones, siempre que cuente con el respaldo de la población y de sus instituciones.

## ¿Qué debe defender el Estado argentino, hoy por hoy?

Durante siglos, defender un país significó proteger algo visible y concreto, generalmente relacionado con un territorio, una frontera o una costa. Hoy ese concepto se amplía y, al hacerlo, se complejiza bastante. ¿Qué le interesa defender al Estado argentino, además de las fronteras? La respuesta incluye cosas que no se ven. Por ejemplo, la capacidad de una nación de controlar su propio conocimiento, su atención y sus decisiones. La información circula de forma masiva y las empresas digitales compiten por retener nuestro tiempo, al punto de que la mente se volvió un terreno en disputa. Y esa información está lejos de ser neutral. Responde a intereses corporativos, mediáticos y políticos, y controlar la narrativa pasó a ser tan decisivo como controlar el territorio. Esta información, además, se traslada por infraestructuras críticas, que son la base material de las grandes plataformas digitales, como Meta o X. Los cables submarinos, los centros de datos y las redes de transmisión recorren espacios de uso común, como el mar, pero quedan sujetos a marcos regulatorios y jurisdicciones de otros países. En Argentina, por ejemplo, cerca del 90% del tráfico de internet entra y sale por una sola estación de amarre, en Las Toninas (Presidencia de la Nación Argentina, 2022). En la práctica, los activos de los que depende la vida económica y social de una nación operan bajo reglas, intereses y decisiones que se definen en el extranjero.

Argentina, al destinar apenas el 0,56 % de su PBI a defensa (SIPRI, 2026), pone en cuestión su capacidad de sostener esa función esencial frente a amenazas que ya no son únicamente territoriales. El proyecto de presupuesto de 2027 no modifica ese cuadro. La función Defensa se mantiene en torno al 0,3 % del PBI, y el presupuesto de la jurisdicción crece un 20 % nominal respecto de 2026, por debajo de la inflación estimada para el período (en torno al 33 %)\*. Más aún, alrededor del 88 % de esos recursos se consume en sueldos y seguridad social, mientras que los gastos de capital representan solo el 2 % del total. Aun sumando las compras de equipamiento que se registran por fuera de ese rubro, las inversiones para la defensa equivalen apenas al 0,09 % del PBI. Las partidas específicas para ciberdefensa (22.500 millones de pesos, menos del 0,3 % del presupuesto de la jurisdicción) ilustran la brecha entre el diagnóstico estratégico y los recursos asignados. En estas condiciones, resulta difícil que Argentina pueda sostener esa función esencial frente a amenazas que ya no son únicamente territoriales.

## La defensa, ¿está en la agenda política argentina?

El gobierno actual incluye, al menos en su intento de épica y narrativa, la defensa de la Nación, y en los últimos meses hubo señales concretas. En septiembre de 2026 amplió mediante el [Decreto 867/2026](https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/346909/20260904?anexos=1) el presupuesto de Defensa en unos 218.000 millones de pesos, que según el Gobierno se destinarán principalmente a la Base Naval Integrada de Ushuaia y a la Base Petrel, y el proyecto de presupuesto de 2027 prevé un aumento real del 31,5% en las inversiones para la defensa (Oficina de Presupuesto del Congreso, 2026). Pero esas inversiones parten de un nivel tan bajo que no alteran el peso de la defensa en el presupuesto. La pregunta es si se trata del inicio de una política sostenida o de un impulso puntual en busca de ganar la pugna de la narrativa soberanista.

Por otro lado, el problema no es solo presupuestario. Es también **político-partidario**. A los sectores más progresistas del país les cuesta comprender la centralidad de la defensa, en buena medida porque la asocian con el terrorismo de Estado y con el papel de las Fuerzas Armadas en el siglo XX ya mencionado anteriormente. Desde esa lectura, la institución militar aparece como una amenaza interna y no como una herramienta del Estado democrático frente a amenazas externas. Incluso el Partido Justicialista, fundado por un general y con una tradición que vinculó industria, soberanía y defensa, tiene severas dificultades, en su liderazgo y en su militancia, para incluir estos temas en su narrativa. El resultado es un vacío transversal. Ningún gran espacio político logra sostener la defensa como política de Estado, y no como una cuestión sectorial que se negocia según el humor de cada gobierno.

Pero hay una Argentina que sí piensa estos temas. Existen comunidades de estudiosos y académicos, espacios como la Universidad Nacional de la Defensa, la Facultad del Ejército, el [CARI](https://cari.org.ar/views/releases/index.php?theme_id=0) y el [CEERI](https://www.ceeriglobal.org/), y diplomáticos de carrera con representaciones en países clave como China o Rusia. El capital humano está. Y el debate no se limita al ámbito institucional: también desde la divulgación hay publicaciones, programas y canales que vuelven una y otra vez sobre estos temas como Leandro Ocón en [Rumbo 180](https://www.rumbo180.com/blog-posts/politica-ciber-industrial-estado-desarrollo-y-soberania-tecnologica), o sitios como [421](https://www.421.news/es/soberania-cognitiva-introduccion-autonomia-psiquica/), [CEIBO](https://www.youtube.com/@CEIBOARGENTINA), etc. No creemos que el problema sea la ausencia de ideas, sino que esas ideas todavía no se traducen en una política de Estado sostenida. Además, buena parte de la defensa, la seguridad y la diplomacia sucede donde no se ve. Por su naturaleza, estas tareas trabajan con información clasificada, y por eso la sociedad rara vez puede evaluar lo que se hace en su nombre.

**¿Por qué importa todo esto?** Porque el mundo que viene es mucho más complejo que el anterior y no es que el Estado no lo sepa. El último documento oficial de referencia, el [_Libro Blanco de Defensa de 2023_](https://www.argentina.gob.ar/noticias/se-publico-el-libro-blanco-de-la-defensa-2023), ya advertía que era indispensable evaluar desde la ciberdefensa, con una perspectiva de soberanía, «el impacto de las nuevas tecnologías» sobre la gobernanza de Internet (Ministerio de Defensa, 2023, p. 17). Pasaron casi tres años desde entonces. Más que repasar cada iniciativa, vale la pena mirar **tres casos** que muestran avances y retrocesos, y sobre todo lo que pasa cuando la defensa depende de cada gobierno.

El primero es el **Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF)**, creado por la Ley [27.565](https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/342746/norma.htm) en 2020 para financiar de forma estable el reequipamiento de las Fuerzas Armadas. El Libro Blanco lo presentaba como la herramienta para revertir décadas de deterioro de las capacidades materiales (Ministerio de Defensa, 2023). Seis años después, la ley de presupuesto 2026 eliminó su aporte automático (Ley 27.798, art. 30), y en mayo de 2026 el DNU 314 creó un nuevo esquema financiado con la venta de inmuebles del Estado y con privatizaciones. El decreto aclara que esos recursos complementan al FONDEF, pero en los hechos el reequipamiento pasó a depender de cuánto y cuándo se venda. Financiar la defensa sin endeudarse y sin resignar el equilibrio fiscal es una decisión acertada. El paso siguiente es darle a ese esfuerzo un horizonte previsible, que permita sostener los proyectos más allá del corto plazo.

El segundo es la base industrial. La **Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA)**, que el Libro Blanco ubicaba dentro del subsistema productivo de la defensa, enfrenta hoy una deuda de alrededor de 22 millones de dólares con proveedores, y su presupuesto 2026, aprobado por el Ministerio de Economía, proyecta un pasivo superior a los 152.000 millones de pesos. Sin contratos ni capital de trabajo, sus proveedores evalúan acciones judiciales y la empresa analiza un concurso preventivo.

El tercero es la **Base Naval Integrada de Ushuaia**, proyectada como un puente logístico hacia la Antártida y una pieza estratégica para la presencia argentina en el Atlántico Sur. Sin embargo, los avances estuvieron muy lejos de lo anunciado. A fines de 2023, la obra registraba apenas un 9,13 % de avance físico. Durante 2024 no se destinó inversión presupuestaria a la obra y su avance quedó estancado, luego de que TANDANOR interrumpiera una de las tareas de construcción en diciembre de 2023, según informó el Ministerio de Defensa al Congreso. Recién este mes (al momento de publicación de este artículo) se autorizó la licitación para construir el muelle militar y ejecutar otras obras (Resolución 704/2026). El relanzamiento abre una nueva oportunidad, y la verdadera prueba será que la obra continúe cuando llegue el próximo cambio de gobierno.

Una radiografía de las capacidades de defensa del país sería muchísimo más extensa y exhaustiva. Pero estos casos alcanzan para mostrar el problema, y en otros frentes, como la inteligencia artificial, el cambio sigue siendo por ahora declarativo. Los instrumentos existen, los diagnósticos también, y lo que falta es continuidad. Por eso no alcanza con armas y controles migratorios en las fronteras. Hace falta dominar tecnologías satelitales, de telecomunicaciones y de internet y sostener esas capacidades más allá de un mandato. Imaginemos, entonces, un **Manual argentino de Defensa 2030,** con objetivos enlazados con intereses nacionales concretos, definiciones claras de hipótesis de conflicto… **y, por qué no, financiamiento.**

¿Qué debería incluir, entonces, ese Manual? Lo primero es un punto de partida claro. Como planteaba Clausewitz, la guerra es la continuación de la política por otros medios, y por eso las capacidades militares solo tienen sentido en función de objetivos políticos definidos. Un Manual 2030 debería empezar por ahí, por decir qué quiere proteger la Argentina y para qué. La soberanía territorial es sumamente central, pero es obvio, por lo expuesto, que hoy se suma una capa más de complejidad. También está en juego la capacidad de una sociedad de decidir sobre su propia infraestructura, de procesar la información que la atraviesa y de formar su propio criterio sin que otros lo hagan por ella.

Proteger esa dimensión exige capacidades distintas de las que imaginábamos para los conflictos del siglo pasado. Los controles en las fronteras y las Fuerzas Armadas siguen siendo necesarios, pero acá hacen falta capacidades técnicas propias y ciudadanos conscientes de aquello a lo que se exponen. Y, sobre todo, hace falta sostenerlas en el tiempo. ¿Está el sistema político argentino de acuerdo con tener estas capacidades?

La Base Naval de Ushuaia resume bien este desafío. Fue anunciada como una obra estratégica, pero durante años no pasó de una platea de cemento y un monolito. Hoy el gobierno la enarbola como símbolo de su política de soberanía, y con eso puso las expectativas sobre la mesa. Si esta vez la narrativa se traduce en un muelle, en una base que funcione y en un financiamiento que no dependa del próximo cambio de gestión, será la prueba de que la defensa puede empezar a pensarse como política de Estado. Si no, sumaremos otra obra sin terminar a la lista.

## Bibliografía

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Decreto 867/2026. (2026, 4 de septiembre). Modificación del Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2026. _Boletín Oficial de la República Argentina_. [https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/346909/20260904](https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/346909/20260904)

Jefatura de Gabinete de Ministros. (2024). _Informe de Gestión N.º 139 al Honorable Senado de la Nación_.

Jefatura de Gabinete de Ministros. (2025). _Informe de Gestión N.º \[número a confirmar\] al Honorable Congreso de la Nación_.

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Ley 27.565 de creación del Fondo Nacional de la Defensa. (2020, 1 de octubre). _Boletín Oficial de la República Argentina_. [https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-27565-342746/texto](https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-27565-342746/texto)

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Ministerio de Defensa. (2023). _Libro Blanco de Defensa 2023_. [https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2021/11/libroblancodeladefensa2023\_.pdf](https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2021/11/libroblancodeladefensa2023_.pdf)

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Resolución 704/2026. (2026, 9 de octubre). Ministerio de Defensa. _Boletín Oficial de la República Argentina_. [https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/348767/20261009](https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/348767/20261009)

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